Los diputados del Frente de Todos le reclamaron a Alberto Fernández derogar el decreto de Mauricio Macri que modificó la reglamentación de la ley que restringe la extranjerización de tierras y habilitó que hasta el 51% del capital social de una persona jurídica pueda estar en manos foráneas.

La reglamentación original de 2012, firmada por Cristina Kirchner, habilitaba a que sólo el 25% de las tierras sean para residentes en otros países, pero Macri la modificó a poco de asumir por considerar que no estaban previstas "situaciones que surgen frecuentemente en el tráfico comercial, en la práctica de los negocios y, en definitiva, en su aplicación concreta".

Así señala su decreto, cuestionado en aquellos años por el kirchnerismo y por la Federación Agraria Argentina, que mantuvo su enfrentamiento con Cristina Kirchner durante toda su gestión como resabio de la disputa por las retenciones móviles de 2008. 

En mayo, los diputados oficialistas Susana Landriscini y Mabel Caparros pidieron derogar ese decreto con un proyecto de ley, pero después de varias consultas jurídicas la presidenta de la Comisión de Legislación general, Cecilia Moreau, decidió convertirlo en una resolución, que viene a ser un reclamo al presidente desde el propio oficialismo.  

"Seguramente se podrá trabajar en una nueva reglamentación pero me parece importante que sostengamos desde un punto de vista soberano la protección de nuestras tierras. Costó mucho sacar esa ley", explicó Caparros.  

Cambiemos votó en contra. "Nos parece importante que el Congreso audite el decreto, porque la extranjerización de tierras retrocedió desde 2015", fijó la postura la radical Carla Carrizo. Y destacó que algunos otros puntos del decreto de Macri fueron útiles, como la adaptación al nuevo Código Civil.

Uno de los firmantes de la resolución para anularlo fue Luis Contigiani, del socialismo, y con origen en la Federación Agraria. "Esto es un lucha de muchos años, desde 2002 que presentamos junto a Elisa Carrió. Recién en 2011 se aprobó una ley, similar a reglamentaciones de los principales potencias y de países vecinos como Uruguay.  Es importante que no se haya derogado, porque ya es una política de Estado".